Una decisión de un juez federal de Estados Unidos anuló la prohibición gubernamental de otorgar visas a personas de 75 países que pretendieran establecerse permanentemente en territorio americano. El veredicto, emitido el 21 de agosto de 2026 por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, representa un importante revés para la política migratoria del presidente Donald Trump, al ser calificado de “contrario a la ley” por la jueza Jeannette Vargas, quien afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se excedió en su “autoridad estatutaria” al dictar la medida.
La política, implementada en enero, suspendió el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de varias naciones, entre ellas Afganistán, Brasil, Egipto, Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen.
En ese momento, el Departamento de Estado había justificado la decisión como una forma de “garantizar que los inmigrantes de países de alto riesgo no hagan un mal uso de la asistencia social en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública”.
Sin embargo, el juez Vargas concluyó que los funcionarios consulares recibieron instrucciones erróneas de negar visas de inmigrante basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando el solicitante cumplía con otros requisitos.
La determinación del 21 de agosto de 2026 anula cualquier denegación de visa basada exclusivamente en esta política, lo que podría permitir reconsiderar miles de procesos previamente prohibidos. El gobierno todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión. La iniciativa judicial se suma a una serie de desafíos que enfrenta el accionar de Trump en el área de inmigración, una promesa central de su campaña.
