Condenan a empleado público por fingir asalto y amputarse un pie

El Tribunal de Justicia de Bahía condenó por estafa a un empleado público de 26 años que cercenó su propio pie derecho para cobrar 1,5 millones de reales en coberturas comerciales. La ejecución de la pena inició en territorio bahiano luego de que el proceso judicial alcanzara una resolución formal.
El demandado tramitó cuatro acuerdos independientes entre junio y julio de 2019 con las empresas Allianz, Zurich, Tokio Marine y Sompo. Estos contratos fijaban un tope global de indemnización que ascendía a 1,5 millones de reales frente a contingencias físicas graves. Las cláusulas garantizaban pagos inmediatos en caso de invalidez.
El hombre perdió la extremidad inferior derecha seis semanas después de estampar su firma en los documentos y exigió los desembolsos pactados. Ante las autoridades policiales, el auxiliar aseguró que delincuentes anónimos lo abordaron durante un secuestro callejero y procedieron a cortarle el miembro.
Suscripción de contratos precedió a la pérdida física de la extremidad
El Ministerio Público de Bahía sostuvo en 2019 que el mínimo intervalo entre la adquisición de los instrumentos de resguardo y la posterior mutilación constituyó un indicio clave que desarmó la versión del imputado.
Las solicitudes formales de cobro llegaron a la aseguradora Allianz y a las otras firmas pocos días después del hecho lesivo. La defensa legal reclamó la absolución total del acusado con el argumento de que ninguna prueba técnica confirmaba un acto deliberado para enriquecerse sin causa.
El Poder Judicial de Bahía fundamentó la resolución en los informes forenses, peritajes biomecánicos, pólizas emitidas y testimonios reunidos durante toda la etapa instructoria.
Voto judicial detectó contradicciones en el presunto secuestro violento
El desembargador Julio Cezar Lemos Travessa puntualizó en su resolución mayoritaria que la autoría y la mecánica de la defraudación quedaron comprobadas en el expediente. El magistrado rechazó de manera terminante cada descargo presentado por los abogados defensores.
El magistrado Julio Cezar Lemos Travessa subrayó que el procesado reconoció que carecía de enemigos personales o conflictos previos. Esa declaración previa tornaba inverosímil que agresores desconocidos ejecutaran un ataque tan salvaje sin pedir rescate alguno. La agresión carecía por completo de lógica criminal.
Los investigadores de Bahía interrogaron al hombre y no obtuvieron precisión alguna sobre el instrumental utilizado por los atacantes ni detalles del vehículo ocupado. Sus declaraciones exhibieron continuas vaguedades que encendieron alertas tempranas.
La Policía Civil halló la mochila del denunciante intacta y con pertenencias valiosas a escasos metros del sitio del suceso en Bahía, una circunstancia incompatible con la tesis de un asalto a mano armada.
El magistrado consideró determinante que las cuotas mensuales comprometieran prácticamente todo el sueldo del imputado como asistente administrativo de una universidad federal en Bahía, ya que resultaba financieramente imposible que un trabajador con ese nivel de ingresos mantuviera coberturas tan costosas de forma simultánea. Dicho desbalance presupuestario evidenció la premeditación del plan ilícito.
La sala colegiada del Tribunal de Justicia de Bahía ratificó plenamente el dictamen acusatorio contra el funcionario. Los jueces validaron la calificación de estafa contra el mercado asegurador. La votación confirmó la sanción impuesta en primera instancia.
Instancia provincial frena la remisión del proceso a tribunales de Brasilia
La representación letrada promovió un recurso extraordinario para trasladar la revisión de la causa al Superior Tribunal de Justicia en Brasilia. La defensa intentaba anular la sentencia dictada por los camaristas estaduales.
El segundo vicepresidente del Tribunal de Justicia de Bahía, desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva, denegó la admisión del reclamo en 2025. Su decisión impidió el salto de jurisdicción.
El magistrado precisó que los votos disidentes registrados en el debate permitían interponer recursos de aclaración previos dentro del propio fuero de Bahía antes de recurrir a la órbita nacional.
El dictamen judicial aplicó de forma estricta la Súmula 207 del Superior Tribunal de Justicia, criterio jurisprudencial que clausura el acceso a Brasilia cuando quedan recursos sin agotar en los tribunales de origen. Los abogados omitieron este paso reglamentario indispensable.
El condenado comenzó la ejecución de la pena en mayo de este año bajo pautas de régimen abierto que derivaron en servicios comunitarios obligatorios dentro del estado de Bahía. La oficina de control supervisa periódicamente sus presentaciones personales.
La sanción penal continúa vigente.






