Condenan a hombre que se amputó un pie para cobrar el seguro

El Tribunal de Justicia de Bahia condenó por tentativa de fraude a un funcionario de 26 años que se cortó la extremidad inferior derecha con el propósito deliberado de cobrar 1,5 millones de reales procedentes de pólizas contratadas. La ejecución de la pena comenzó formalmente en territorio bahiano tras quedar ratificada la sentencia judicial.
Entre junio y julio de 2019, el procesado gestionó cuatro coberturas individuales con Allianz, Zurich, Tokio Marine y Sompo hasta acumular un capital asegurado conjunto equivalente a 1,5 millones de reales.
Aproximadamente seis semanas después de estampar su firma en los contratos, el hombre perdió el pie derecho y reclamó la indemnización pactada a las firmas privadas. Frente a las autoridades, el trabajador sostuvo que desconocidos armados lo habían secuestrado para mutilarlo en plena calle. La coartada sostenía un supuesto asalto violento.
La firma de cuatro seguros se produjo semanas antes de la lesión
La acusación recalcó que el escaso margen temporal transcurrido entre las pólizas suscritas y el desmembramiento posterior constituía un indicio contundente para desmentir el testimonio del empleado. El calendario delató la maniobra premeditada.
Los abogados defensores exigieron el sobreseimiento completo del caso con el argumento de que ningún peritaje demostraba una autolesión deliberada con fines lucrativos.
El magistrado sustentó la resolución penal mediante informes traumatológicos, dictámenes técnicos, cláusulas financieras y declaraciones testificales incorporadas al sumario por los peritos intervinientes. Toda la documentación técnica desarmó la postura defensiva.
Las contradicciones en el relato del asalto desarmaron la coartada
Al fundamentar la postura mayoritaria del tribunal, el juez Julio Cezar Lemos Travessa concluyó que las pruebas certificaban la autoría material del delito y dejaban sin sustento los alegatos presentados por los defensores.
El ponente recalcó que el propio implicado reconoció no tener rivales ni deudas con terceras personas en Bahia. Resultaba ilógico suponer un ataque de semejante brutalidad perpetrado por agresores anónimos sin un móvil concreto.
Durante los interrogatorios, el funcionario eludió responder con qué herramientas le amputaron el pie y fue incapaz de describir el vehículo o la apariencia física de sus supuestos captores ante la Policía Civil.
Las patrullas hallaron la mochila intacta del trabajador con todas sus pertenencias de valor a escasos metros de la escena de la lesión. Aquel escenario descartó la ocurrencia de un robo violento.
El juez remarcó la inviabilidad financiera del plan al descubrir que las cuotas mensuales de los cuatro seguros comprometían la totalidad del salario que el acusado percibía como asistente administrativo en una universidad federal de Bahia, una carga económica desproporcionada que ningún empleado con sus ingresos reales podía sostener de manera regular sin esperar una retribución inmediata fraudulenta. Los gastos superaban sus entradas monetarias fijas. El esquema colapsó por su propio peso.
El tribunal colegiado respaldó el criterio del magistrado y confirmó la condena formal por tentativa de estafa contra el consorcio de aseguradoras.
La justicia de Bahia frenó el traslado del caso a instancias nacionales
La defensa elevó un recurso especial para intentar que el Superior Tribunal de Justicia anulara el fallo dictado en segunda instancia. Los letrados buscaban revertir el dictamen.
El segundo vicepresidente del Tribunal de Justicia de Bahia, juez José Alfredo Cerqueira da Silva, rechazó tramitar dicha apelación en 2025.
El magistrado advirtió que la presencia de discrepancias en el acuerdo habilitaba recursos internos pendientes de resolución dentro del fuero bahiano antes de recurrir a la capital federal. Esas vías ordinarias seguían activas.
La denegatoria judicial aplicó la Súmula 207 del Superior Tribunal de Justicia, precepto legal que veda expresamente la revisión en tribunales superiores cuando no se han agotado todas las instancias previas en el estado de origen.
El exempleado universitario inició el cumplimiento de la sanción en mayo bajo la modalidad de régimen abierto sustituido por penas privativas de derechos. La ejecución avanza según los lineamientos del juzgado local.
La sanción penal sigue vigente.






