Kid’s Culture Childcare impugna multa de 1.700 dólares en Dover

La guardería Kid’s Culture Childcare presentó una apelación formal ante el tribunal Merrimack Superior Court para revertir la cancelación de su licencia operativa en la localidad de Dover, una orden dictada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante el año 2025. Dicho organismo gubernamental impuso además una sanción económica de 1.700 dólares contra la administración del centro infantil.
La determinación punitiva provino de la Unidad de Licencias de Cuidado Infantil luego de que la sede Dover-North impidiera el acceso a grabaciones internas solicitadas por inspectores. Aquella solicitud oficial buscaba esclarecer un incidente reportado que involucraba a dos menores de cuatro y cinco años de edad. Las autoridades intervinieron de inmediato para exigir los archivos audiovisuales correspondientes.
Cámaras de vigilancia provocaron la sanción estatal
Según los registros judiciales, la directora ejecutiva Erin Kniphfer examinó las imágenes registradas en junio de 2025 y optó por no entregarlas a los inspectores estatales tras sostener que la grabación no mostraba ningún hecho que ameritara una investigación interna dentro del establecimiento. Ante esta postura, el ente regulador concluyó que la ejecutiva planeaba ampliar su negocio y manifestó formalmente: “La consulta de la Sra. Kniphfer, sumada al hecho de que la recurrente tuvo acceso y revisó parte del video de junio de 2025 antes de negar la capacidad de acceder y compartir el video, y el deseo de la recurrente de expandir sus instalaciones de guardería, justifica la preocupación de la CCLU de que la recurrente estuviera intentando ocultar algo a la CCLU”.
Representantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos precisaron que la suspensión del permiso respondió estrictamente a la negativa de facilitar los archivos requeridos para la supervisión. La entidad aclaró también que el caso no implicó una vulneración directa a la integridad o seguridad física de los menores. Las cuatro sedes permanecen abiertas. La actividad cotidiana de las instalaciones infantiles continúa bajo supervisión mientras se dirime el proceso.
Acciones legales continúan ante la corte de Merrimack
El marco normativo del estado de New Hampshire faculta la anulación del permiso operativo cuando los administradores rechazan suministrar informes o archivos solicitados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante una auditoría. Esta disposición legal sustenta las medidas regulatorias aplicadas contra los centros que entorpecen las labores de control.
El abogado Brian Quirk, perteneciente a la firma jurídica Shaheen & Gordon, remarcó mediante un comunicado que la entidad no comparte la resolución estatal y acudió a la corte para defender que el bienestar infantil sigue como prioridad principal. En respuesta, el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Jake Leon, confirmó que la Unidad de Apelaciones Administrativas ratificó la revocación de la autorización. El funcionario indicó que todos los expedientes del procedimiento quedaron abiertos para consulta pública.






