El senador brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal por Río de Janeiro (PL-RJ), fue citado por la Policía Federal para entregar sus pasaportes este lunes (26) en Brasilia. La medida cautelar recae sobre el legislador un día después de su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2026 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quien obtuvo el 51,79% de los votos válidos (64,3 millones) contra el 48,21% (59,8 millones) del parlamentario. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro figura como investigado en dos expedientes abiertos en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia de Brasil.
El contenido íntegro de la resolución judicial que ordenó la diligencia se mantiene bajo secreto de sumario. El requerimiento policial ocurre tras las declaraciones realizadas el viernes (23) en Estados Unidos por su hermano, el diputado federal destituido Eduardo Bolsonaro (PL-SP), quien respaldó públicamente la salida del candidato del territorio brasileño en caso de un revés en las urnas. “Si mi hermano no gana, estoy a favor de que mi hermano salga del país. Con seguridad. Con seguridad”, declaró Eduardo Bolsonaro. Previo a que se concretara la citación de la Policía Federal, los diputados federales Duda Salabert (PSOL-MG), Otoni de Paula (PSD-RJ) y Rogério Correia (PT-MG) habían presentado recursos ante la Procuraduría General de la República (PGR), órgano que encabeza el Ministerio Público Federal, y ante el propio STF para exigir la retención del documento de viaje. “Él no va a huir del país porque el negro aquí no lo va a dejar”, afirmó Otoni de Paula.
Sospechas de lavado de activos con casas de apuestas y el rodaje de Dark Horse
Uno de los expedientes en la Corte Suprema está bajo la instrucción del magistrado Alexandre de Moraes y tuvo su origen en una pesquisa de la Policía Federal en el estado de Rio Grande do Sul. El caso indaga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a empresas de apuestas en línea, plataformas de pago y al abogado Willer Tomaz. Los peritos policiales detectaron que el senador estuvo registrado, al menos hasta el 22 de mayo de 2025, como usuario con acceso privilegiado —bajo la categoría “master”— en una cuenta bancaria perteneciente a la firma Alcazar Holdings, vinculada al jurista. Tanto Flávio Bolsonaro como los representantes legales de Willer Tomaz rechazan cualquier ilícito, argumentan que solo los une un vínculo de amistad sin operaciones financieras conjuntas y califican el embargo judicial como desproporcionado.
Siga leyendo: Con 14,29% escrutado, Flávio Bolsonaro suma 50,02% ante Lula en segunda vuelta
El segundo proceso abierto en el máximo tribunal corresponde a la Investigación 5.070, supervisada por el magistrado André Mendonça, que examina los fondos destinados a la película Dark Horse, una obra biográfica sobre la carrera política del expresidente Jair Bolsonaro. Los agentes federales peritan audios y mensajes de texto sobre presuntas transferencias gestionadas por el senador junto al empresario y exbanqueiro Daniel Vorcaro, fundador del Banco Master, donde se mencionan negociaciones por hasta 134 millones de reales para esclarecer la procedencia del capital y un eventual blanqueo de activos. El congresista niega haber cometido irregularidades y sostiene que las sumas tratadas correspondían estrictamente a patrocinios de carácter privado.
Montos embargados, transferencias bajo escrutinio y plazos periciales
Las dos causas que tramitan en el Supremo Tribunal Federal abarcan inmovilizaciones patrimoniales, auditorías sobre giros en moneda extranjera y pedidos de asistencia jurídica internacional:
- Tope de embargo judicial: bloqueo de hasta 6.000 millones de reales en bienes y activos dictado contra el abogado Willer Tomaz el 23 de octubre de 2026, acompañado del levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y cambiario, así como la suspensión de las actividades de sus compañías.
- Operaciones bancarias auditadas: cerca de 130 millones de reales detectados en transacciones efectuadas entre marzo y mayo de 2025 dentro de una cuenta bajo investigación asociada a las sociedades del abogado.
- Giros para la producción cinematográfica: alrededor de 12,3 millones de dólares enviados en transferencias hasta septiembre de 2025, de acuerdo con los informes policiales anexados al expediente sobre el largometraje Dark Horse.
- Prórroga de las pesquisas: solicitud de 90 días adicionales presentada por la Policía Federal ante el magistrado André Mendonça para finalizar las pericias financieras que requieren cooperación internacional.
Viajes al exterior de aliados investigados y anulación de pasaportes
La incautación de documentos migratorios registra antecedentes directos en el entorno político y jurídico del senador. En agosto de 2026, Willer Tomaz se trasladó a Estados Unidos en pleno desarrollo de la Operación Sem Desconto, una investigación policial sobre fraudes en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), el organismo público de pensiones de Brasil. Ese desplazamiento motivó la anulación de sus pasaportes, incluido uno de carácter diplomático, en la resolución judicial dictada en octubre. Asimismo, durante 2025, el diputado destituido Alexandre Ramagem (PL-RJ), aliado político del parlamentario, abandonó el territorio brasileño cruzando la frontera terrestre hacia Guyana un día antes de que el STF lo condenara por intento de golpe de Estado.
Fin del mandato parlamentario en 2027 y permanencia del fuero en la Corte
Alrededor de las 11:00 de este lunes (26), el excandidato presidencial acudió a visitar a su padre, Jair Bolsonaro, en Brasilia. El encuentro familiar se produjo tras el vencimiento, el 11 de octubre de 2026, de una prohibición de visitas de 90 días que había sido impuesta por el juez Alexandre de Moraes en julio. El período legislativo de Flávio Bolsonaro en el Senado Federal concluye en febrero de 2027, momento en que quedará sin cargo electivo ni inmunidad parlamentaria por primera vez en 24 años de carrera pública. Pese a dejar su escaño, los expedientes penales pueden seguir tramitándose en la máxima instancia judicial: en marzo de 2025, por una mayoría de 7 votos contra 4, el plenario del STF estableció que los procesos por delitos cometidos durante el ejercicio del mandato y en función del cargo se mantienen bajo jurisdicción de la Corte Suprema, quedando en manos de los magistrados evaluar el encuadramiento de cada caso.
